Ya se juerguearon por año nuevo, ya se fue el 2014 y en menos de lo que Urresti demora en aparecer en la TV tendremos encima una nueva marcha contra la #LeyPulpin. Ahora si bien es cierto, la protesta para hacer escuchar la voz de los jovenes es justa en la medida que no fueron consultados, (lamentablemente nunca hubo un ente rector en materia de juventudes ¿"SENAJU"? que cumpliera un rol de articular y convocar a los jovenes para canalizar sus aportes antes que se armara el desmadre) es hora de ir mas allá de las movilizaciones y plantones, sentarse en la mesa, dialogar y hacer propuestas serias y técnicas (eso que es tan difícil de hacer para ciertos sectores de la izquierda que solo se quedan en la retorica). Porque el problema existe, es la informalidad y subempleo juvenil y aunque se derogue la ley (no seria lo mas recomendable) cuando despierten el problema -al igual que el dinosaurio- aun seguirá ahí.

Es por eso que lanzo esta propuesta que ojala pueda ser recogida por nuestras autoridades. (La Mula te harías una)  

BREVISIMA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desempleo juvenil (12%) y la informalidad laboral (75%) generan costos sociales para el desarrollo del país. La situación óptima es que el Estado y la empresa asuman proporcionalmente los costos para solucionar dicho problema.

El Estado y el Gobierno están asumiendo costos propios del sector privado: capacitación a su fuerza laboral (crédito fiscal con descuentos en IR a las empresas que lo apliquen) y pago de seguro de salud en el primer año, además de asumir los costos políticos de una ley tan compleja y sensible. El Estado está contribuyendo a solucionar el problema de la informalidad y desempleo en jóvenes de 18 a 24 años.

El gran empresariado a través de sus poderes facticos CONFIEP, MEF y otros, no quiere asumir ningún costo, ya se negaron con anterioridad a que se incremente la RMV, ya se están beneficiando con el paquete tributario de disminución del IR, la relajación de controles ambientales, pero no parece saciarse, es un empresariado voraz. Ahora se siguen beneficiando con la disminución de sus costos salariales (no pagaran beneficios laborales a los jóvenes en la nueva ley). Buscan ser más competitivos ajustando a los trabajadores en lugar de aumentar su productividad con I+D.

En honor a la verdad esta ley SI favorece a jóvenes que trabajan en la informalidad y nunca tuvieron derechos laborales (solo a ellos) en función a eso NO hay ningún recorte de derechos, por el contrario en el marco de esta ley se les da derechos que nunca gozaron: capacitación, seguro de salud, vacaciones de 15 días, sueldo mínimo, estar en planilla (ser sujetos de crédito) y una estabilidad mínima de un año, pero…

La nueva ley estaría disminuyendo el desempleo en jóvenes de 18 a 24 años pero por otro lado lo estaría generando en jóvenes mayores de 24 años. Transfiere desempleo de un grupo etario a otro.

Ejemplo

Una empresa de servicios como Saga en su local de San Miguel en el año 2014 emplea a 200 personas, todas con sueldo mínimo pero con beneficios laborales (gratificaciones, seguro, CTS, asignación familiar, vacaciones, utilidades, etc.)

Para el 2015, ceteris paribus (osea todo sigue igual, no hubo cambios significativos), Saga seguiría contratando a 200 personas pero a 40 de ellas (20%) no le pagaría beneficios laborales, ellos serían los jóvenes de 18 a 24 de la nueva ley. La empresa no podría contratar más personal así que tendría que no renovarles el vinculo laboral -muy diferente a despedir- a 40 personas mayores de 24 para dar paso a los 40 nuevos empleados (lo primero es permisible para la empresa, lo segundo es sancionable). En este ejemplo el costo social lo asumen los empleados mayores de 24 (a los que no les renuevan su contrato) y el Estado que paga la capacitación y el seguro de salud. La empresa no asume ningún costo, no se "moja" y se beneficia aumentando sus ganancias con el ahorro de ya no pagar estos derechos laborales.

No existe base empírica o científica a nivel mundial que demuestre que este tipo de políticas o leyes disminuya el desempleo global y disminuya la informalidad. (Si las hubiera que el MEF la muestre)

Desde un punto de vista liberal y jurídico no debería haber distinciones entre los trabajadores, todos deberían tener los mismos derechos. En otros países existen cuotas de juventud para empresas y estas se encargan de su capacitación sin que el estado tenga que asumir estos costos. Esta ley en realidad resulta siendo mercantilista y valida el viejo adagio que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Pero para no quedarme solamente en el análisis , pasemos a la...

PROPUESTA 

Una alternativa de solución y mitigación de los efectos negativos de este tradeoff (situación en la que se pierde algo para ganar algo) es que la ley tenga un enfoque gradualista y sectorial.

La gradualidad se daría siguiendo el mismo espíritu que tiene la ley, es decir si el paquete laboral busca reactivar la economía y que las empresas no asuman los costos de contratar con todos sus beneficios a jóvenes inexpertos, entonces a medida que la economía se vaya reactivando y que los jóvenes vayan adquiriendo mayores capacidades y destrezas laborales, se debería avanzar a un reconocimiento progresivo en el mediano plazo de sus derechos laborales. Este reconocimiento podría hacerse por tramos dándose que los jovenes inician sin los derechos ya conocidos pero al cabo de 6 meses se reconocería la CTS, a los 9 meses la asignación familiar, a los 12 las vacaciones completas, a los 15 meses las utilidades y a los 18 todos los beneficios completos en igualdad de condiciones que el régimen laboral general. Tengamos en cuenta que el tiempo mínimo de permanencia en este régimen es un año y el máximo 3.

La distinción sectorial apunta a los ajustes que se deben hacer teniendo en cuenta los diferentes sectores que componen la economía: servicios, industria, agricultura, construcción, industria, etc. en los cuales debe diferenciarse los beneficios que puedan recibir las empresas. En el sector servicios p.e. no es necesaria una capacitación muy extensiva y de por si estas empresas que emplean por lo general a la población más joven e inexperta ya hace capacitaciones; distinta realidad se da en una empresa dentro del ramo de la industria donde una capacitación es más extensiva y necesaria. Por último la ley debe estar dirigida solamente a las PYMES que necesitan este apoyo para lograr su formalización y que tiene bajos índices de productividad; no tiene sentido que la mediana y gran empresa contraten jóvenes con esta nueva modalidad ya que la gran empresa en el Perú, por lo general, tiene niveles altos de rentabilidad y tasas de retorno elevadas por lo que no necesitan de estos incentivos para seguir aumentando sus ganancias. 

Es obvio que la ley no puede ir tal como esta pero tampoco hace falta derogarla, su modificación, con este y otros aportes que de seguro irán surgiendo, podría ser suficiente. Y así marcar un precedente del entendimiento y corresponsabilidad que debe haber entre un gobierno y la población que le delega un mandato.

Erick Verano Meza

Economista social, sanmarquino e hincha de la U